Sobre grupos de presión y tecnología: el lobby eléctrico español y la tecnología fotovoltaica

Los grupos de presión económicos intensifican su labor como lobbyists cuando existe una amenaza sobre la base de su negocio. Las principales amenazas suelen ser dos. La primera es la aparición de un competidor externo o interno que desafía a un monopolio o a un oligopolio establecido, o a todo un sector económico. Recuérdese la petición al Parlamento de los productores de velas y faroles de Frédéric Bastiat, que solicitaban la eliminación del sol, contra quien les resultaba complicado competir. La segunda amenaza es la llegada de una nueva tecnología más eficiente. Por ejemplo, la irrupción del ferrocarril en el siglo XIX redujo drásticamente el negocio de los carreteros, carruajes o de muchos transportistas fluviales.

¿Qué está ocurriendo en el sector eléctrico español en la actualidad? Pues que una gran amenaza de tipo tecnológico se cierne sobre las grandes eléctricas: la energía fotovoltaica. El precio de la tecnología solar fotovoltaica se ha reducido tanto en los últimos cinco años (alrededor de un 80%) que en este momento ya se ha alcanzado la paridad de red y la paridad de generación, es decir, resulta más rentable para el consumidor producir electricidad de una fuente propia fotovoltaica que comprarla a las eléctricas, mientras que a las empresas de generación también les resultaría más barato producir fotovoltaica que usar el pool de generación que utilizan ahora (nuclear, ciclo combinado, eólico, hidráulico). Todo ello sin subvenciones ni primas, e incluso sin balance neto. La fotovoltaica tiene una particularidad que no le viene bien al oligopolio eléctrico: con una pequeña inversión los propios consumidores pueden convertirse en productores, es decir, pueden ser autoconsumidores.

Los beneficios sociales de la expansión de la energía solar serían evidentes. Se trata de una energía renovable que permitiría reducir la dependencia de la energía producida mediante combustibles fósiles, que contamina y procede del exterior. También reduciría  la dependencia de la generación nuclear, peligrosa y productora de residuos. Las empresas industriales y de servicios podrían ser también productoras para el autoconsumo, más aún teniendo en cuenta que la mayor parte de su actividad se realiza en horas de luz solar. Siendo España de los países europeos con mayor insolación, el uso de este tipo de energía daría a las empresas una ventaja comparativa. Millones de hogares podrían instalar paneles solares para reducir el consumo procedente de la nuclear, carbón o gas, y combinarlo además con pequeños generadores eólicos para producir durante la noche. El sector fotovoltaico podría crear decenas de miles de empleos en un país con una de las mayores tasas de paro del mundo. La generación distribuida disminuiría también los costes globales de distribución. En general, por precio y por las ventajas señaladas, parece claro que el sector fotovoltaico triunfará  por ser más eficiente, y dejará de ser una mera energía “alternativa”.

Como es lógico, el oligopolio formado por las cinco grandes eléctricas está presionando para frenar la expansión de la fotovoltaica. La generación distribuida supondría perder una parte importante del negocio de los hogares y de la industria. Además, durante los años de la expansión inmobiliaria las eléctricas realizaron una fuerte inversión construyendo 51 centrales de ciclo combinado que actualmente están subutilizadas debido a la reducción de la demanda por la crisis económica. El lobby de las eléctricas, UNESA, se ha puesto manos a la obra y lleva meses presionando al gobierno y tratando de influir a través de los medios de comunicación, muchos de los cuales están bien nutridos de publicidad de Iberdrola o Endesa. El desproporcionado régimen de primas que concedieron los gobiernos de Zapatero a las plantas fotovoltaicas cuando aún la tecnología era muy cara les ha brindado un buen argumento, tratando de transmitir el mensaje de que la carestía de la factura es culpa de las renovables. Si echamos un vistazo al twitter del lobby (ver Figura con tweets de la semana pasada) vemos claramente las bases del discurso. : “los consumidores eléctricos no deben pagar en su recibo la apuesta por tecnologías maduras y caras”, “la reducción de las energías nuclear e hidráulica supondría un grave riesgo para la seguridad del suministro”, “el recibo eléctrico se reduciría en un 10% si se retiraran las tecnologías inmaduras”…

La principal apuesta del oligopolio eléctrico para frenar a la fotovoltaica es conseguir del Gobierno que les permita incrementar el término fijo en la factura para compensar la pérdida de demanda energética por el autoconsumo. Es decir, da lo mismo lo que ahorren produciendo para su propio consumo con los paneles solares, al final todos los hogares pagarán un término fijo alto que compensará a las eléctricas por la disminución de la demanda. Sin embargo, el incremento del término fijo (aún más de lo que se ha hecho ya) no es factible en este momento, ya que supondría una subida general de la factura que es inaceptable, debido a que se sumaría a las fuertes subidas de los últimos dos años para hacer frente al famoso “déficit de tarifa”. Para lograr la transición hacia ese modelo tarifario con un término fijo alto, las eléctricas proponen que se imponga transitoriamente una “tarifa de respaldo”, es decir, una tarifa sobre la energía que producen los autoconsumidores para, en definitiva, hacer inviable su instalación. Este planteamiento se puede ver en el documento de Gonzalo Sáenz de Miera, director de “Prospectiva Regulatoria” de Iberdrola, que adjunto al final de este artículo.

En resumen, las eléctricas plantean: queremos que todos los consumidores paguen un término fijo alto para compensar el consumo que perderemos por la fotovoltaica, pero como no podemos hacerlo ahora porque ya estamos subiendo mucho la luz, lo que queremos es que mientras tanto el Gobierno prohíba o haga inviable económicamente la instalación de paneles solares. Que un lobby haga peticiones casi imposibles de satisfacer por un gobierno democrático, por el perjuicio que puede ocasionar al conjunto de  consumidores o a otros actores económicos, entra dentro de lo normal. ¿No pedían también los productores de velas de Bastiat que se prohibiera el sol? ¿No pretendía César Alierta, presidente de Telefónica, que Google les pagara por usar sus redes?

Lo sorprendente de este caso es que el Gobierno actual ha cedido a todas las pretensiones del lobby eléctrico. El borrador de decreto de autoconsumo que se ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recoge minuciosamente las peticiones del oligopolio (véase el documento adjuntado al final). En el preámbulo, tras “alabar” las posibilidades que ofrece la generación distribuida, se sostiene básicamente que no es el momento del autoconsumo “en la compleja situación económica que afecta al sistema eléctrico”. El borrador establece un “peaje de respaldo” (incluso se copia la terminología de Iberdrola) que se aplicaría sobre la energía consumida procedente de los paneles solares aun cuando no vertiera electricidad a la red en ningún momento. Nótese que es sobre la energía consumida, no sobre la producida vertida en la red. Esta auténtica confiscación se justifica porque los autoconsumidores se “aprovechan” del respaldo de la red cuando no autoconsumen, aunque obvia que pagan, como todos los consumidores, el correspondiente “peaje de acceso” por la energía que consumen. El nuevo peaje haría inviable el ahorro mediante paneles solares, desincentivando su instalación debido al incremento del periodo de amortización. Para evitar que nadie escape del peaje de respaldo se establecen multas de hasta 30 millones de euros para aquéllos ciudadanos que no declaren sus instalaciones, que como señalaba The Wall Street Journal, son más altas que las que se aplican a las fugas radiactivas graves. Y es que no es de extrañar que este borrador de decreto se haya convertido en un hazmerreír en Europa y en gran parte del mundo.

Parece improbable que un borrador de decreto tan descabellado, que casi otorga la propiedad del sol a las eléctricas, salga adelante,  aunque el desenlace  se sabrá en las próximas semanas... y todo es posible. Hasta la CNE y la Comisión Nacional de la Competencia han sido muy críticas con el borrador. Pero de lo que no cabe duda es de la voluntad del Gobierno de ayudar al oligopolio eléctrico a frenar la expansión de la fotovoltaica y, en general, la expansión de la generación distribuida, que incluiría también otras tecnologías como la mini-eólica. Las causas del éxito del lobby eléctrico español las a la hora de influir en las políticas públicas las explicaba en otro artículo hace poco. Lo que es indudable es que la protección de esos intereses privados generará altos costes sociales: atraso tecnológico en un sector clave en el futuro y en el que España tiene ventaja comparativa, pérdida de puestos de trabajo, mayores costes relativos para las empresas, contaminación y mayor dependencia del exterior.

Dejo aquí los tres documentos citados, muy reveladores de la dinámica de la relación entre los grupos de presión económicos españoles y el poder político: la presentación de Iberdrola de abril de 2012 sobre el autoconsumo, el borrador de decreto de julio de 2013 que recoge todas las aspiraciones de las eléctricas, y el informe de la Comisión Nacional de la Energía posicionándose en contra del borrador: